Las comunidades de propietarios en Asturias soportan una deuda de 32 millones de euros, de los que cerca del 80 por ciento son impagos de los propietarios de las viviendas y el 20 por ciento restante corresponde a las entidades financieras. Tanto en el caso de los propietarios morosos como en el de los bancos que no cumplen con las obligaciones de las viviendas que tienen en propiedad, la morosidad en los pagos a las comunidades se ha reducido más del 9,5 por ciento en el último año, situando a Asturias como la comunidad autónoma del país con un descenso más acentuado. Así lo refleja el ‘Estudio Global sobre la morosidad en Comunidades de Propietarios 2016’, elaborado por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE).
En el conjunto del país, el nivel de impago por morosidad que soportan las comunidades de propietarios también se redujo en el último ejercicio un 8,5 por ciento pero aún asciende a 1.666 millones de euros. Atendiendo a estas cifras, los administradores de fincas destacan la necesidad de aprobar una nueva Ley de la Propiedad Horizontal “para seguir combatiendo la morosidad en comunidades de propietarios” y se felicitan por la aparición de nuevas herramientas que dan acceso a información sobre los impagos. “Han surgido aplicaciones que ponen al alcance del propietario información en tiempo real sobre el saldo de las cuentas de las comunidades de propietarios y eso hace que los vecinos traten de estar al día de las cuotas para no figurar entre los morosos”, señala un administrador de fincas.
La digitalización está ganando cada vez más adeptos entre los administradores de fincas. “Aporta una transparencia total en las cuentas, un valor fundamental que siempre ha generado disputas en comunidades de vecinos”, añade. Pero a pesar del descenso de la morosidad, desde el CGCAFE insisten en que es necesaria una nueva Ley de Propiedad Horizontal. “Los datos muestran una disminución de lo que se adeuda pero cuatro de cada diez comunidades de propietarios tienen morosos”.
La cuantía media que deben soportar por los pagos pendientes asciende a 1.109 euros y el total en España asciende a los 1.666 millones de euros (se calcula que en el país hay casi un millón y medio de comunidades de propietarios). “Con este contexto es muy difícil que puedan afrontar la rehabilitación obligatoria que impone la ley y que les conllevaría un importante ahorro energético”, lamentan las mismas fuentes, “o afrontar las medidas que obligan a hacer accesibles los edificios antes del 4 de diciembre de 2017”.